El juez Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, de 37 años, había llevado no pocos casos relacionados con los grandes nombres del narcotráfico en México. En la mañana de este lunes ha sido asesinado, recibiendo un disparo en una zona próxima a su residencia en el municipio de Metepec.
Según los medios mexicanos, Bermudez fue el juez que paró la extradición del Chapo Guzmán y también había llevado los casos del líder del Cártel Jalisco de Nueva Generación (CJNG), el que más ha crecido en los últimos años, y del líder de los Zeta, cártel que es considerado el más sanguinario.
También llevó el caso del Gil, miembro del cártel de Guerreros Unidos y acusado de haber incinerado a los 43 estudiantes de la escuela de Ayotzinapa.
Bermúdez también llevó casos como el del ecologista indígena Ildefonso Zamora, al que otorgó en junio pasado un amparo que le permitió recuperar su libertad, después de nueve meses en prisión, al considerar insuficientes las pruebas en su contra bajo la acusación de haber participado en un robo.
Condena del Gobierno
El asesinato del juez provocó reacciones en el más alto nivel del Gobierno mexicano. El presidente, Enrique Peña Nieto, condenó el suceso al encabezar la reunión anual de la Unión Internacional de Magistrados y ordenó a la Procuraduría General de la República (la Fiscalía) asumir la investigación y hallar a los autores del crimen.
Luis María Aguilar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, condenó el asesinato, al tiempo que felicitó a los jueces y magistrados por la valentía con la que realizan su trabajo.
Aguilar exigió además que se garanticen las condiciones de "seguridad y tranquilidad" necesarias para que los jueces puedan desempeñar su labor con independencia. Solo "en un ambiente de tranquilidad y seguridad los jueces pueden reflexionar con amplitud sus decisiones", dijo el magistrado.
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